La entidad sostuvo que el Estado no debe convertirse en árbitro de la verdad pública.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas expresó su inquietud frente a la puesta en marcha de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial”, impulsada por el Gobierno para refutar presuntas desinformaciones y operaciones mediáticas. Aclaró que el problema no es la existencia de un área de comunicación, sino el carácter acusatorio que podría asumir.

En un comunicado, la organización señaló que combatir la desinformación es un objetivo válido en democracia, pero remarcó que el Estado es una fuente más dentro del debate público. En ese marco, alertó sobre el riesgo de que funciones de monitoreo o verificación deriven en mecanismos de vigilancia o estigmatización del periodismo y de las voces críticas.

Para ADEPA, la mejor herramienta frente a las noticias falsas es un sistema de medios plural, profesional e independiente, donde las audiencias puedan contrastar información y formarse su propio juicio con libertad.