Tras el rechazo a la propuesta salarial del Gobierno provincial y el anuncio de un acampe en Viedma, la protesta fue encabezada por Rubén Ángel Muñoz y contó con la presencia de la camioneta del concejal sorista Juan Mercado, ambos vinculados al espacio político que lideran los Soria en General Roca, lo que reavivó el debate sobre una posible politización del reclamo.

El reclamo salarial de un sector de policías y penitenciarios en Río Negro escaló esta semana tras el rechazo a la propuesta oficial y el anuncio de un acampe en Viedma, con una convocatoria prevista en la zona de Plaza San Martín / Casa de Gobierno. El Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario sostuvo que el esquema ofrecido por el Ejecutivo provincial resulta insuficiente y reclamó una recomposición más fuerte, incluso planteando como referencia un piso salarial de $1.800.000 para el personal.

En ese marco, el foco se corrió del monto en discusión a quiénes capitalizan la protesta. La movilización tuvo como figura visible a Rubén Ángel Muñoz, ex efectivo que fue condenado a ocho meses de prisión en suspenso por amenazas contra el ministro de Seguridad Daniel Jara (hecho judicializado y con resolución en 2025). Esa condición —sumada a su salida de la fuerza— reavivó cuestionamientos internos y externos sobre la representatividad del liderazgo del reclamo.

La controversia creció por la presencia logística atribuida a referentes del espacio sorista de General Roca. Distintos reportes periodísticos señalaron que Muñoz llegó y se movió en una camioneta vinculada al concejal Juan Mercado (identificado como integrante del Frente para la Victoria en Roca) y que desde ese vehículo se habrían descargado elementos utilizados en la protesta, como neumáticos. Ese dato alimentó la lectura de que, además de un reclamo salarial, existe una trama política detrás de la puesta en escena y la organización.

En paralelo, otros medios agregaron que Muñoz tendría vínculos laborales/políticos con el peronismo roquense y que se desempeñaría en el ámbito del bloque de concejales alineado con la gestión municipal, lo que vuelve más explícita la discusión sobre el rol del sorismo en un conflicto sensible como el de las fuerzas de seguridad. En ese punto, la pregunta que se instaló en Viedma no fue solo “cuánto” sino también “quién organiza” y “con qué objetivo”: si se trata de un apoyo logístico aislado o de una politización deliberada para condicionar al gobierno provincial.

Con ese telón de fondo, el conflicto expone dos planos simultáneos: el malestar salarial real dentro de la fuerza y la disputa política por la conducción del reclamo. En un escenario donde la seguridad suele ser un tema de alta sensibilidad social, la aparición de un referente con antecedentes judiciales y la conexión visible con dirigentes del sorismo reavivan una discusión que en Río Negro se repite en cada crisis: si la protesta expresa un reclamo sectorial “puro” o si también funciona como plataforma para reordenamientos, presiones y posicionamientos de poder.