La Justicia española ratificó que Begoña Gómez será juzgada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, aunque la desvinculó de una de las acusaciones y levantó las restricciones que pesaban sobre ella.

La Audiencia Provincial de Madrid rechazó los recursos presentados por Begoña Gómez y confirmó que enfrentará un juicio, en una fecha que aún no fue definida, por un jurado popular. La investigación se centra en la creación y gestión de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y en el presunto uso de recursos públicos y contactos personales para beneficiar intereses privados.

El tribunal resolvió sobreseer a Gómez por el delito de corrupción en los negocios al considerar que no existen indicios suficientes para sostener esa acusación. Además, dejó sin efecto las medidas cautelares que le impedían salir del país y la obligaban a presentarse periódicamente ante la Justicia, al descartar riesgo de fuga.

La resolución se produce en un contexto de otras investigaciones que involucran a personas del entorno político y familiar del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y que mantienen la atención sobre la situación judicial del oficialismo.