La administración nacional ajustó el régimen de grandes inversiones y elevó el umbral técnico que define qué proyectos pueden acceder a beneficios de estabilidad.

El Gobierno dispuso una modificación en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aumentó del 30% al 35% el límite del cociente financiero que determina si un proyecto es considerado de largo plazo. El cambio fue oficializado mediante la Resolución 484/2026 y alcanza a todos los sectores productivos.

Según la normativa, el objetivo es garantizar que solo las inversiones de larga maduración accedan a los beneficios del régimen, aunque se reconoce que ciertos sectores como energía, minería y tecnología tienen dinámicas distintas de recuperación del capital. En particular, los desarrollos de hidrocarburos, minería y proyectos tecnológicos fueron citados como actividades que justifican la actualización del criterio.

Con esta modificación, el Ministerio de Economía busca ampliar el alcance del RIGI sin alterar su espíritu original, permitiendo que más proyectos de inversión queden incluidos en el esquema de estabilidad fiscal y jurídica a largo plazo, con el objetivo de atraer divisas y fomentar el desarrollo productivo.