El proyecto busca un esquema permanente con más controles, criterios unificados y participación provincial.

El Gobierno nacional presentó una iniciativa para reformar el sistema de pensiones por invalidez y dejar atrás el régimen de emergencia vigente, con el objetivo de establecer un marco estructural más estable y con mayores controles. La propuesta apunta a reemplazar la Ley 27.793 y unificar criterios en la asignación de beneficios.

El proyecto elimina la distinción actual entre invalidez laboral y discapacidad, y establece una única pensión basada en la imposibilidad de trabajar y la situación socioeconómica del beneficiario. Además, incorpora un sistema de auditorías, cruces de datos entre organismos y reempadronamientos obligatorios para reforzar los controles.

También se prevé una redefinición del financiamiento, con partidas específicas y participación del Ministerio de Salud y el Tesoro Nacional, junto con cambios en el sistema de prestaciones y actualización de valores mediante criterios de calidad y costos regionales.

La iniciativa incorpora además un esquema de mayor federalización, con posibilidad de gestión provincial mediante convenios, y busca reemplazar el carácter excepcional del régimen actual por una normativa permanente.